Más anticoncepción es igual a más abortos
Treinta años después de la legalización
del aborto en Francia, y a pesar de una
difusión masiva de la anticoncepción, el
número de abortos no baja de los 200.000 anuales.
Cuando se legalizó el aborto con la llamada ley Veil
en 1974, los legisladores y los movimientos feministas
aseguraban que con la contracepción y el
aborto legal no tardaría en producirse una disminución
progresiva del número de abortos. Pero treinta
años después la tasa de abortos se mantiene férreamente
estable: una tasa de 14 abortos por cada
1.000 mujeres de 15-49 años. El número de abortos
legales, que fue 134.000 en 1976, se mantiene en
torno a los 200.000 desde hace años. En 2002 fueron
206.000, lo que supone unos 26 por cada 100
nacidos vivos.
En el treinta aniversario de la ley de Simone
Veil, ministra de Sanidad en el gobierno de Valéry
Giscard d’Estaing, hasta los más fervientes partidarios
de la ley reconocen que en este aspecto no ha
cumplido sus objetivos y se extrañan de que la contracepción
haya llegado al tope sin que disminuya
el número de abortos. De hecho, las cifras de aborto
en Francia están entre las más elevadas de Europa,
después de Suecia.
Los demógrafos comprueban que, en realidad,
cuanto más se afianza la práctica anticonceptiva,
más se recurre al aborto en caso de fallo. Según un
estudio realizado entre un grupo de 1.034 mujeres
que acababan de abortar o que no habían deseado su
último embarazo, dos de cada tres embarazos
correspondían a mujeres que utilizaban anticonceptivos
Los estudios revelan también que cada vez hay
más intolerancia frente al hijo no planificado. Seis
de cada diez embarazos no previstos terminan en
aborto. El fenómeno es particularmente claro entre
las mujeres de 20-24 años, que son las que más
abortan con una tasa de 27,4 por 1.000.
El mantenimiento de una alta tasa de abortos se
ha visto favorecida por las sucesivas modificaciones
legales: el reembolso del coste por la Seguridad
Social en 1982, la aprobación de la píldora abortiva
RU-486 en 1988, la ampliación del plazo de aborto
a petición de 10 a 12 semanas de embarazo en 1993
y la posibilidad de que aborten las menores de 18
años sin el consentimiento paterno. En cada caso se
dijo que la medida iría unida a una campaña en
favor de la contracepción. De poco ha servido.
Aunque los demógrafos consideran que desde
comienzos de los años 80 casi todas las mujeres que
no desean tener hijos practican la anticoncepción, el
número de abortos no baja.
Lo que sí ha cambiado es la actitud de los
médicos ante la práctica del aborto. En la sanidad
pública, en estos treinta años ha habido una generación
de médicos militantes dispuestos a realizar
abortos en nombre de la causa de la liberación de la
mujer. Pero la fiebre militante ha pasado, y cada
vez menos médicos quieren intervenir en las prácticas
abortivas, aunque solo sea por motivos profesionales.
Hoy día, la mayoría de los abortos se realizan
en clínicas privadas por dinero, y los servicios
de los hospitales públicos donde se practican abortos
están sobrecargados por la escasez de médicos.
Quizá por eso la última innovación legal ha
consistido en permitir que la píldora abortiva, que
antes tenía que ser administrada en un hospital,
pueda utilizarse ahora en la consulta de un médico
hasta las cinco semanas de embarazo.

